con permiso de Javier Marias

¿Acaso no nos alquilamos todos?

Leo que la ciudad de Lérida o Lleida, con Ayuntamiento socialista, ha decidido seguir el ejemplo de Barcelona, con Ayuntamiento del mismo signo político, y poner multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas callejeras como a sus clientes; y que Granada se plantea hacer otro tanto, lo cual, probablemente, con el estúpido mimetismo reinante en España, llevará a otros muchos lugares a adoptar las mismas medidas represivas, que, si mal no recuerdo, tienen su origen en Suecia hace más de un decenio: aquí nunca se es original en nada. Según la noticia, “el Consistorio leridano pondrá en marcha un plan integral para buscar alternativas sociales, educativas y laborales a las personas que se prostituyen”. Las afectadas, sin embargo, se oponen a la nueva ordenanza. Subrayan que la prohibición no da resultado y que no están claras las políticas sociales alternativas. Y en efecto, es difícil que lo estén, dado que fuentes policiales cifran en unas 1.100 las mujeres –en ningún momento se habla de varones– que se dedican a la prostitución en Lleida. Mil cien, en una población de unos doscientos mil habitantes, no son pocas personas a las que encontrar empleo, sobre todo en época de paro creciente y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de esas mujeres no estarán preparadas para desempeñar muchos trabajos de buenas a primeras, y que algunas los rechazarán de plano. Calcúlese una proporción similar en Granada, con su medio millón de habitantes, y en Barcelona, con sus más de tres millones, y en el resto del país, por si acaso, con sus cuarenta y seis millones aproximados, y se verá que este reglamento, aparte otras consideraciones, es tan imbécil como inviable.

Pero vayamos a esas otras consideraciones. En la prostitución hay algo intolerable, y es que quienes no estén dispuestos a ejercerla se vean forzados a ello mediante coacciones y amenazas. Hay muchas mujeres en esa situación, principalmente inmigrantes traídas a nuestro país por las mafias, con engaños o violencia, y que, deseándolo, no pueden salirse de un negocio en el que jamás quisieron verse envueltas bajo ningún concepto, ni aun muriéndose de hambre. Si, lejos de estar perseguida y penalizada, la prostitución estuviera legalizada; si hubiera un censo de sus practicantes y éstas gozaran de atención médica, seguridad social y el control del Estado, las llamadas “esclavas del sexo” –es decir, las atrapadas en él contra su voluntad, y sin libertad para dejarlo– existirían mucho menos: tendrían a quién recurrir, y las autoridades podrían ayudarlas a escapar de su situación de servidumbre impuesta y clandestina.

Pero el resto del asunto no es en sí mismo intolerable, o no lo es más, digamos, que la pobreza en general, la explotación de los trabajadores o la dureza de algunos oficios. Por mucho que ciertas feministas clamen hoy contra la prostitución de mujeres –la de los varones les trae sin cuidado– por lo que tiene de “humillación” para su sexo, lo que siempre se esconde tras su condena es el más rancio puritanismo y la abominación de lo sexual, común a todas las Iglesias. De las putas se ha dicho invariablemente una falsedad interesada, a saber, que “venden su cuerpo”, cuando lo que hacen es alquilarlo, de muy parecida manera a como los demás alquilamos lo que podemos o lo que se está dispuesto a contratarnos: el barrendero y la fregona alquilan sus manos, lo mismo que el estibador, que además alquila su espalda, o que el minero, que además alquila sus pulmones para que se los destrocen; otros muchos alquilamos nuestro tiempo o nuestros conocimientos o nuestra capacidad para darle a la tecla con algún sentido; cada cual ofrece lo que tiene para ganarse la vida, y todas esas actividades no se ven como “humillación”, sino como “dignificación” de la persona. El trabajo se considera algo noble y honroso, independientemente de su calidad y su esfuerzo, y de lo mal o bien que esté pagado. Así que nunca he entendido por qué el de una puta –si no es por un prejuicio, religioso, que ve “pecado” en el sexo fuera del matrimonio, y aun dentro de él según el Papa Wojtyla– se tiene por todo lo contrario. Ellas alquilan el cuerpo entero, los demás tan sólo algunas partes, o bien la mente. ¿Y quiénes son los Ayuntamientos, o el Estado, para entrometerse en una transacción entre dos ciudadanos adultos y libres (cuando las putas son libres), que en principio no implica delito ni daño? ¿Y en qué se diferencia ese cliente del individuo que se acerca a alguien y le pregunta “¿Quieres ganarte unas perras?”, y le propone que le preste sus manos para recoger la fresa o para que le pinte su casa? ¿En qué se diferencia de usted o de mí cuando paramos un taxi en la calle y le decimos al taxista que nos lleve a tal o cual sitio, según tarifa? Déjense los Ayuntamientos y las mojigatas de siempre –por muy disfrazadas que vayan de feministas– de tan antigua hipocresía. Con medidas como las de Lleida, Barcelona y quizá Granada, lo único que se consigue es arrojar a la indigencia a quienes ya malviven. Y acaso aumentar el número de violadores en potencia, cuando los puteros comprueben que ya no pueden echar un solo polvo, ni siquiera por acuerdo mutuo y pagando a tocateja.

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 22 de marzo de 2009